La llegada del COVID-19, sin duda alguna ha causado estragos en todos los sectores económicos, uno de los más afectados ha sido el de la construcción y todo lo que gira en torno a él: mano de obra, ventas, arrendamientos, materias primas, etcétera. Con el fin de contrarrestar las consecuencias financieras causadas por la pandemia, el Gobierno Nacional se ha puesto manos a la obra con algunas soluciones, entre ellas el lanzamiento de 200.000 subsidios para viviendas (no solo las de interés social).
También ha creado alivios financieros referentes a los créditos de vivienda y mediante el decreto 691 de 2020 que extendió por nueve meses más la vigencia para las licencias de construcción urbanísticas que finalizaban el 12 de marzo, permitiendo así que se construyan 420.000 viviendas, se abran nuevamente las salas de ventas (cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad) y a su vez se protejan 600.000 empleos de personas que obtienen ingresos por medio de este sector.
Es importante resaltar que a pesar de las medidas facilitadas por el Gobierno Nacional, en su esfuerzo por sacar a flote el sector de la construcción en el país, es poco probable que la recuperación del mismo sea pronta y rápida, ya que la capacidad adquisitiva de muchos colombianos se ha visto sumamente afectada por los despidos masivos, el cierre de pequeñas y medianas empresas, la disminución en los salarios, los toques de queda y el pico y cédula en varias ciudades del país para evitar el aumento de contagios.
Si en el sector de la construcción llueve, en el de arrendamientos no escampa. Aunque la expedición del decreto 579 del 15 de abril de 2020 fue un alivio para los inquilinos, pues allí consta que debido a esta emergencia no tenían validez sanciones o intereses de mora por no pago hasta el 30 de junio y tampoco se podía incrementar el valor de los contratos que vencieran en dicho periodo, para los arrendadores ha sido una dificultad. Sus finanzas están seriamente afectadas y sin prontas perspectivas de regresar a niveles habituales.
El solo hecho de realizar acuerdos de pago con los inquilinos afectó su bolsillo al percibir menores ingresos y, en el peor de los casos, en cuotas; sin contar la informalidad que existe en estratos 1 y 2, donde muchos contratos de arriendo son de palabra. Para este segundo semestre del año, las condiciones de dicho decreto no seguirán vigentes, lo que quiere decir que inquilinos y propietarios que no hayan dejado por escrito o alguna constancia de los acuerdos de pago, posiblemente terminarán en los juzgados con litigios judiciales.
En Colombia, muchas personas jubiladas y de estrato medio reciben ingresos extra a través del arriendo de propiedades que han adquirido con ahorros, cesantías y el fruto de su trabajo. Con esta pandemia, la recepción de ese dinero extra con el que contaban mes tras a mes para destinarlo a necesidades del hogar, pagar deudas, ahorrar para nuevas inversiones en vivienda, pero ahora este rubro está bajo incertidumbre.
El panorama del sector continúa sin claridad, toda vez que la reactivación económica a penas comienza. El plan de invertir 100 billones de pesos para lo que resta del Gobierno de Iván Duque, con el fin de generar cerca de un millón de empleos, aún se encuentra tomando pista. Las construcciones no residenciales, como las destinadas a oficinas, educación y hotelería, aún no tienen fecha exacta de reactivación. El turismo todavía se encuentre en estado crítico mientras no haya apertura de fronteras y la reapertura de los vuelos comerciales, tanto nacionales como internacionales.
La construcción es uno de los sectores que más mueve la economía y le aporta al Producto Interno Bruto (PIB) del país, gran generador de empleo y alrededor del cual se mueven subsectores de gran importancia: ferreterías, metalmecánico, cemento y para su recuperación es necesario: tiempo, paciencia, estrategias a corto, mediano y largo plazo, de allí la importancia de que los gobiernos locales, regionales y nacional continúen manos a la obra con su reactivación.